En origen, el dinero es un bien de carácter público suministrado por los bancos centrales. Sin embargo, público no significa gratuito, lo que plantea la pregunta de cómo debe ponérsele precio. Bajo competencia perfecta, el precio de un bien está determinado por su coste marginal de producción. Sin embargo, en presencia de un monopolio, el precio del producto puede establecerse con vistas a maximizar los beneficios de la empresa monopolística.
Las autoridades monetarias disfrutan del monopolio del dinero a nivel local – con permiso del Bitcoin – y operan como un oligopolio a escala global, teniendo la prerrogativa de fijar unilateralmente el precio del dinero, que es la tasa de interés a corto plazo. A pesar de que los bancos centrales obtienen dinero del diferencial entre los tipos oficiales de préstamo y depósito que éstos establecen, una actividad conocida como «señoreaje», su objetivo como instituciones públicas es maximizar el beneficio social en lugar de su propia cuenta de resultados. Sin embargo, nuestros conocimientos en economía no nos permiten aún medir de forma precisa los costes y beneficios sociales de las políticas monetarias, por lo que éstas acaban guiadas por la ideología en lugar de la ciencia.
Para ilustrar este punto, conviene revisar los principales costes y beneficios de nuestro sistema monetario. La sociedad se beneficia del dinero fiduciario de varias maneras, más allá de su uso como una conveniente reserva de valor. Su amplia aceptación como medio de pago mejora drásticamente la eficiencia de las transacciones económicas, mientras que la provisión de crédito fomenta una mejor asignación del capital. En principio, todo ello debería traducirse en una mayor actividad económica y más empleo. Por otra parte, la acuñación de dinero físico es algo costosa, al igual que lo es la supervisión del sistema bancario, pero, en el margen, el mayor inconveniente de ampliar la masa monetaria es la devaluación del dinero, causada bien por la inflación o por burbujas de activos.
El problema es que el encarecimiento de activos y bienes de consumo afecta a trabajadores y capitalistas de manera dispar. La inflación puede ser una herramienta de redistribución cuando ésta es el precio a pagar por disfrutar de niveles de empleo más altos (cuando la curva de Philips funcionaba). Las burbujas de activos, por el contrario, fomentan la desigualdad, ya que los más pudientes se benefician desproporcionadamente de ellas. Beneficios concentrados y costes repartidos son una receta para los grupos de intereses especiales, un problema que se ve agravado por la falta de rendición de cuentas democrática de las instituciones monetarias.
Fuente: Banco de la Reserva Federal de St. Louis
De hecho, el compromiso entre control de inflación y generación de empleo está en el corazón del mandato de la Reserva Federal. Otros bancos centrales por el contrario, como el BCE, se centran exclusivamente en controlar la inflación. Aunque irónicamente pueda parecer que EE.UU. es un país más socialista, lo que subyace es un choque de ideologías económicas: los neokeynesianos, que creen que el gobierno puede influir en el desempeño de la economía a través de la política monetaria, frente a los defensores de la “propuesta de ineficacia política” (PIP), que asume que el gobierno no puede intervenir con éxito en la economía.
La evidencia empírica no es concluyente, ya que si bien las políticas monetarias (hiper) activas han tenido éxito en la estabilización del crecimiento económico, esto ha sido a costa de generar grandes burbujas en deuda y activos, anticipando por tanto muchos años de actividad económica y rendimientos futuros. El riesgo es que si la PIP es cierta, las variables macroeconómicas – siendo la inflación la más crítica – tarde o temprano regresarán a sus respectivos valores promedio. Esto tendría consecuencias negativas para los mercados, y también implicaría una reversión a la media en términos de igualdad social.
Fernando de Frutos, MWM Chief Investment Officer
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