Cada vez que un país tiene problemas financieros, aquellos que a regañadientes tienen que contribuir a su rescate se aprestan a recetar «reformas estructurales» como cura. El problema sin embargo es que no pueden aclarar en qué consisten dichas reformas, más allá de vagas referencias a reformas fiscales o del mercado laboral, ni la forma en que éstas pueden llevarse a cabo con éxito.
La dificultad a menudo es consecuencia del momento elegido. Similar a lo que sucede en el mundo empresarial, una reestructuración por lo general conlleva en el corto plazo mayores gastos y menores ingresos, y por tanto requiere de financiación adicional; algo que los propios prestamistas normalmente aborrecen. Otro obstáculo es el menguante número de grados de libertad nacional en un mundo cada vez más interconectado. Esto es patente en la zona euro. Con una moneda común que es de-facto ajena a sus miembros, la política monetaria dictada por el BCE, y la política fiscal constreñida por el pacto de estabilidad, la voluntad de llevar a cabo reformas en realidad reside en el sindicato de prestamistas y no en el propio país en crisis.
Las reformas laborales en Alemania y España sirven para ilustrar los aspectos anteriores. La tan elogiada reforma Hartz en Alemania tuvo lugar en un momento en que el desempleo era cercano al 10%, la economía estaba sufriendo una suave recesión y cuando las reglas de déficit de Maastricht se percibían como facultativas. La reforma española en cambio se implementó con un paro del 26%, en medio de una profunda recesión, y con el déficit público desbocado por encima -10%. Mientras que Alemania promovió su reforma por iniciativa propia, en el caso de España ésta fue en parte impuesta por el Eurogrupo a cambio de rescatar a los bancos de la nación.
Limitaciones financieras aparte, muchas naciones se encuentran atrapadas dentro de una camisa de fuerza que limita considerablemente el margen de maniobra para cambiar de modelo económico. Cuando un país decide pertenecer a organizaciones de comercio – en particular la UE – tiene que renunciar a proporcionar ayudas estatales a las industrias nacionales. Sin embargo, una restricción pensada para impedir el comercio en condiciones no económicas, causa como efecto secundario que las naciones vean bloqueada su posición dentro de la cadena de valor global. En el pasado, países como Francia, Japón, Corea, o más recientemente China, han promovido «industrias nacientes» en sectores como defensa, electrónica, construcción naval o acero, pero esta opción ya no está disponible. Esta abstinencia es positiva si el país está en la parte más alta de la cadena de valor, pero es costosa cuando se está en la parte inferior. La opcionalidad para cambiar de modelo tiene un valor económico, siendo este más elevado para aquellos países que pueden obtener un mayor provecho en caso de usarla.
Cuando se trata de reformas estructurales, la UE ofrece la mejor parábola y la mayor de las ironías. Aquellos países que más han visto menguados sus grados de libertad, se ven obligados a realizar reformas estructurales. Siendo éstas solicitadas por aquellos países que consiguen esquivarlas – basta pensar en Francia – gracias en parte a los beneficios del status quo: financiación más barata, una moneda más débil pero ampliamente aceptada y posiciones líderes en industrias con altas barreras de capital. No debería ser una sorpresa por tanto que un país económicamente ilustrado como el Reino Unido esté considerando seriamente si recobrar grados de libertad económica es preferible a permanecer maniatado al grupo.
Fernando de Frutos, Director de Asesoría y Gestión en MWM
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